El presidente del Cabildo asegura que la implantación de la planta regasificadora que proyecta Totisa en el Puerto de Las Palmas “sería dar un paso atrás en una Isla que, hoy, lidera la penetración de las energías limpias en Canarias”
“Que se baraje la posibilidad de una regasificadora en una ciudad de 400.000 habitantes es imposible, porque genera una contaminación extraordinaria y tiene que ver de manera determinante en la salud de las personas”, afirma
Gran Canaria, 24 de enero de 2025. Antonio Morales, presidente del Cabildo de Gran Canaria, volvió a proclamar este viernes la oposición del Gobierno insular a la creación de la planta regasificadora que proyecta la empresa Totisa para el Puerto de Las Palmas, al manifestar con contundencia que “es absolutamente rechazable que se pueda pensar que vamos a permitir que el gas vaya a frenar la tarea que venimos realizando en los últimos años, para hacer posible la descarbonización de la Isla”.
La primera autoridad de Gran Canaria lo dejó así de claro durante la visita que realizó al buque ‘Arctic Sunrise’ de Greenpeace, que se encuentra atracado en el Puerto capitalino y a cuyos responsables mostró su agradecimiento “por el enorme trabajo que lleva a cabo la organización, en su ruta por distintos países del mundo, para generar conciencia sobre la transición energética y denunciar que el gas no es un elemento de transición, ya que es altamente contaminante y muchísimo más inductor del calentamiento global que el petróleo”, mantuvo.
Asimismo, el presidente Morales no dudó al calificar la visita de este buque como “fundamental para nosotros y también para la plataforma ciudadana que defiende el rechazo a que se instale en el Puerto de La Luz y de Las Palmas una planta regasificadora que no tiene nada que ver con el suministro a los buques. Es una planta para dotar de energía a través del gas a la Isla de Gran Canaria”, concretó, para hacer hincapié, acto seguido, en que ese rechazo es ampliamente compartido en la Isla, ya que “lo hemos expresado tanto en el Pleno del Cabildo de Gran Canaria como en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y otras instituciones también lo han hecho en el mismo sentido”.
En este contexto, ensalzó la iniciativa de las y los creadores de esa plataforma ciudadana “valiente y comprometida, para la que la presencia de Greenpeace, sin duda, en estos momentos, supone una acción moral en estos momentos, además de ser también una manera de hacer llegar a la ciudadanía de Gran Canaria que está aquí una organización internacional de estas características, con una amplia experiencia y con los conocimientos y la autoridad suficientes para decirnos que el gas no puede ser una alternativa”, defendió. “Y nos está diciendo que sería una barbaridad que diéramos un paso atrás, cuando Gran Canaria, en la actualidad, lidera la penetración de las energías limpias en las Islas, cuando estamos a punto de empezar con la eólica marina y cuando vamos a tener una planta de almacenamiento extraordinaria en Salto de Chira, que va a hacer que, en el año 2030, estemos en un 70 y un 80% de energías limpias”.
Por esos argumentos, entre muchos otros, el presidente insular consideró “imposible” que se baraje la posibilidad de instalar una regasificadora, “en el momento en el que estamos, con el avance de las energías limpias, con la posibilidad que tenemos en Gran Canaria de convertirnos en un lugar de referencia, en una Isla de casi un millón de habitantes, prácticamente única en el mundo, capaz de ser soberana energéticamente”, sentenció. “Sería dar un paso atrás y poner palos en las ruedas a ese modelo de transición que hemos diseñado y en el que estamos trabajando de manera coordinada todas las instituciones públicas, con auténtica unanimidad. El Pacto de las Alcaldías por el Clima, en el que participan los 21 ayuntamientos con el Cabildo, tiene una estrategia clara y nítida, que nadie puede zancadillear”.
Una larga historia de oposición de la Isla al gas
Durante su intervención ante los medios, Antonio Morales también echó la mira atrás para recordar “la larga lucha en esta Isla de oposición a la regasificación de Gran Canaria”. Así, evocó el intento de los años 90 de crear una regasificadora en Arinaga y un gasoducto para el sur y para Las Palmas de Gran Canaria, con el objetivo de sustentar la producción de energía en la Isla en el gas. “Hubo un enorme rechazo institucional y ciudadano, y a pesar de que el proyecto tuvo el visto bueno de distintas instituciones y pasó por varios procesos administrativos, al final, la ciudadanía y las instituciones consiguieron frenarlo”, rememoró. “Y hoy insistimos, si en aquel momento llega a salir esa planta regasificadora, hoy no tendríamos renovables en Gran Canaria, porque esa práctica hay que amortizarla y, por lo tanto, no habría lugar a que pudiéramos invertir en las energías limpias en la Isla”.
Pero eso no fue todo, porque, hace unos cuatro o cinco años, se produjo la intentona de introducir el gas ciudad, “que era otra manera de hacernos depender del gas. Era abrir todas las ciudades y todos los hogares para que sustituyéramos las placas eléctricas convencionales por las de gas”, reflexionó. “El Cabildo se opuso, llegamos a Europa, lo ganamos y se impidió que se perpetrara ese atentado medioambiental en Gran Canaria. Y ahora está sucediendo lo mismo, porque, por la puerta de atrás, se pretende generar una regasificadora para suministrar 70 megavatios a Gran Canaria”.
Ante esta nueva tentativa, Morales puso de relieve la existencia de un buen número de informes contrarios a la regasificadora del Puerto de Las Palmas. “Es verdad que falta el último informe medioambiental, pero también hemos analizado que la decisión no es de la Autoridad Portuaria, puesto que depende de Puertos del Estado, que tomará la decisión final sobre una instalación de estas características”, expuso. “Quedan todavía distintos pasos a realizar, pero estoy totalmente convencido de que una planta regasificadora en medio de una ciudad de 400.000 habitantes no es posible, porque genera una contaminación extraordinaria y porque tiene que ver de manera determinante en la salud de las personas que viven aquí”.
En este sentido, recalcó que “las instituciones debemos ser respetuosas con los procedimientos y yo no dudo de que, detrás de ese informe de impacto medioambiental hay técnicos solventes que lo están analizando con rigurosidad. Por eso, me parece absolutamente imposible que, analizado con esa rigurosidad, se pueda dar el visto bueno a un proyecto de esas características”, concluyó.