San Bartolomé de Tirajana, 25 de febrero de 2025 – La sentencia es firme y no admite recurso: el precinto de la zona de ocio Chiringays en el Carnaval de Maspalomas 2022 fue ilegal. Así lo ha dictaminado el juzgado, declarando nulo de pleno derecho el cierre de los chiringuitos por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, al haberse realizado sin los trámites legales correspondientes.
La empresa organizadora, Poppy Garden, ha anunciado que iniciará una reclamación de daños y perjuicios por 250.000 euros para resarcir el impacto económico sufrido, una cantidad que, si prospera, deberá salir de las arcas municipales. No obstante, los responsables de la empresa han sido tajantes al señalar que buscarán que la factura no la paguen los ciudadanos, sino los responsables políticos de la decisión: Conchi Narváez y Samuel Henríquez.
Un precinto exprés con claros indicios de intencionalidad
La cronología de los hechos evidencia que el cierre de Chiringays no solo fue ilegal, sino premeditado para causar el mayor daño posible.
Sin denuncia previa: No existía ninguna denuncia contra la actividad antes del cierre. La única denuncia registrada, de origen anónimo y con un nombre falso, llegó al Ayuntamiento un día después del recinto, por lo que no pudo motivar la actuación.
Procedimiento exprés en 4 horas:
10:28 – Orden de inspección policial.
10:15 – Inspección policial.
13:29 – Informe jurídico.
14:18 – Decreto de recinto.
Comunicado de prensa antes del cierre: A las 12:00 del mediodía, el Ayuntamiento ya había enviado a los medios una nota de prensa anunciando el cierre de Chiringays antes incluso de que existiera el informe jurídico que lo justificaba.
Un golpe económico premeditado: El precinto se ejecutó el mismo día en que el Carnaval daba inicio, cuando la inversión en logística, personal, artistas y mercancías ya estaba completamente realizada.
“Esperaron a que todo estuviera montado y el dinero invertido para ordenar el cierre. No hubo ninguna intención de regular una presunta irregularidad, sino de causar el mayor daño posible”, denuncian los promotores.
Un daño de 250.000 euros que no debe pagar la ciudadanía
Desde Poppy Garden aseguran que no solo buscarán el resarcimiento del daño económico, sino que exigirán responsabilidades personales y económicas a los entonces mandatarios Conchi Narváez y Samuel Henríquez, impidiendo que sean los vecinos de San Bartolomé de Tirajana quienes paguen por la mala gestión política.
“Es injusto que esta chapuza la paguen los ciudadanos del municipio. Vamos a reclamar responsabilidades directas a quienes tramaron estas medidas”, declararon desde la empresa.
El caso Chiringays deja en evidencia una realidad preocupante: la facilidad con la que una administración puede destruir un negocio en cuestión de horas, sin cumplir la ley y sin importar las consecuencias. Ahora, el siguiente capítulo de esta historia se jugará en los tribunales, donde se determinará quién pagará la factura de esta negligencia política.